El Gobierno nacional presentó una nueva herramienta digital que permitirá a los trabajadores desafiliarse de sus sindicatos de manera rápida y sin trabas. La iniciativa fue anunciada horas antes del Día del Trabajador y forma parte del plan de reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei para reducir la influencia de lo que denomina “estructuras corporativas obsoletas”.
Según explicaron desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la medida apunta a eliminar las “retenciones forzosas”, es decir, los descuentos aplicados automáticamente a los sueldos de los empleados que ya no desean estar afiliados a organizaciones gremiales.
“Es un avance hacia una auténtica libertad de asociación”, destacaron desde el ministerio que lidera Sturzenegger, quien impulsa una batería de políticas para achicar el Estado y limitar la injerencia sindical en la vida económica del país.
Desde el oficialismo aseguran que esta herramienta responde a un reclamo histórico: trabajadores que debían aportar a sindicatos que no los representaban y que, muchas veces, no ofrecían mecanismos claros para dejar de pertenecer a ellos.
Pero el cambio no termina ahí. En el Congreso de la Nación ya se discuten una serie de proyectos que buscan transformar de raíz el sistema gremial argentino.
Uno de los más ambiciosos fue presentado por el diputado radical Martín Tetaz, quien propone:
- Eliminar la reelección indefinida de los líderes sindicales
- Suprimir las cuotas solidarias a trabajadores no afiliados
- Garantizar representación proporcional de las minorías internas
- Exigir declaraciones patrimoniales obligatorias
- Reformar la administración de las obras sociales sindicales
También el diputado Luis Picat (UCR) planteó derogar los aportes fijados por convenio colectivo, mientras que Gerardo Milman (PRO) propuso eliminar los “aportes solidarios”, a los que definió como “descuentos arbitrarios”.
Otra propuesta relevante es la de la diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), acompañada por el PRO y sectores del oficialismo, que busca prohibir el financiamiento sindical por parte de partidos políticos o empleadores, tanto argentinos como extranjeros.
A su vez, Ricardo López Murphy presentó un proyecto para igualar las condiciones de los gremios con y sin personería jurídica, eliminando todos los aportes obligatorios.
El diputado Fabio Quetglas (UCR) fue más allá: propuso limitar los mandatos a cuatro años, exigir transparencia contable y la publicación abierta de balances sindicales.
Por su parte, la oficialista Marcela Pagano propuso que los aportes patronales a programas de capacitación gremial sean voluntarios, alegando que no deben imponerse si no hay acuerdo entre las partes.
Estas propuestas conforman un verdadero rediseño del vínculo entre sindicatos, trabajadores y el Estado, en línea con la visión del presidente Milei: achicar el aparato estatal y desarticular las estructuras sindicales tradicionales que, según el oficialismo, han acumulado privilegios a costa de los salarios de los trabajadores.
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