La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ratificó la prisión domiciliaria del exlegislador peronista Óscar González, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La resolución se apoya en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y una posible fuga. González deberá continuar cumpliendo arresto en su domicilio, monitoreado con tobillera electrónica.
La defensa alega que la medida es “una verdad a medias”
Miguel Ortiz Pellegrini, abogado del exfuncionario, sostuvo en diálogo con Cadena 3 que “es una verdad a medias”, ya que, según sus cálculos, González debería recuperar la libertad en cuatro meses. Sin embargo, el fiscal federal Maximiliano Hairabedian aclaró que el plazo de prisión preventiva fue fijado por la Cámara por ese término, pero podría extenderse si así lo exige el avance de la causa. “Esto no es habitual”, destacó, al remarcar la importancia de garantizar un proceso judicial en un tiempo razonable.
Sospechas sobre el origen del patrimonio y maniobras con inmuebles
La causa judicial avanza sobre los bienes del exlegislador, especialmente en torno al valor de los inmuebles y su crecimiento patrimonial sin justificación clara. “No encontramos una justificación suficiente para el incremento de su patrimonio”, aseguró el fiscal Hairabedian. En este contexto, se ordenaron peritajes para establecer el valor real de propiedades cuya tasación ha despertado sospechas.
Prisión preventiva con tobillera: qué dice la Justicia
Desde la Cámara, el juez Abel Sánchez Torres justificó la prisión domiciliaria por “riesgo procesal” y recordó que la presunción de inocencia sigue vigente hasta que haya sentencia. Subrayó que la medida busca asegurar el curso normal de la investigación, con tiempos razonables y sin interferencias. La causa sigue su curso mientras se profundizan las pericias para determinar si el origen del patrimonio de González es lícito o encierra maniobras de lavado.
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