Este lunes, la Unicameral fue escenario de un paso clave en la lucha contra la discriminación: se presentó el proyecto de Ley Antidiscriminatoria de la provincia de Córdoba. La iniciativa, impulsada por las y los legisladores Nadia Fernández, Miguel Siciliano e Ileana Quaglino, busca crear un marco legal integral para garantizar la igualdad real, el respeto por la diversidad y la dignidad humana en todos los ámbitos de la vida social.
La presentación reunió a funcionarios como el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y el secretario del Ministerio de Educación, Luis Franchi, junto a representantes de múltiples organizaciones sociales, religiosas y culturales de la provincia. La jornada se abrió con un video institucional y las palabras de Nadia Fernández, quien destacó que esta ley se construye "con quienes militan diariamente esta agenda" y subrayó el compromiso de frenar los discursos de odio y promover la convivencia.
Durante el acto, Julián López definió la propuesta como “una ley de vanguardia”. Miguel Siciliano, por su parte, remarcó la importancia de legislar en tiempos donde los discursos de odio crecen: “Desde el odio no se construye nada bueno”, advirtió. Y recordó que discriminar por origen, religión, identidad o forma de vivir la sexualidad es retroceder a etapas oscuras del país. Desde el Ministerio de Educación, Luis Franchi llamó a incluir estos temas en las aulas.
El proyecto apunta a prevenir, sancionar y erradicar cualquier forma de discriminación, tanto en el ámbito público como en el privado. También establece mecanismos para reparar a las personas afectadas, garantizarles acceso a la justicia y promover políticas públicas inclusivas que reconozcan todas las identidades que conviven en la sociedad cordobesa.
A la iniciativa adhirieron referentes de numerosas organizaciones: desde pueblos originarios, comunidades inmigrantes y religiosas, hasta colectivos LGBTIQ+, personas con discapacidad y agrupaciones afrodescendientes. Con este proyecto, Córdoba se encamina a construir herramientas legales sólidas para asegurar el respeto a los derechos fundamentales y reforzar una convivencia basada en la diversidad y la inclusión.
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