El pasado viernes 9 de mayo, el Poder Judicial de Córdoba supervisó la destrucción de 7.700 armas de fuego que habían sido secuestradas en investigaciones judiciales anteriores al año 2019. El armamento, almacenado en el Depósito de Armas y Efectos Secuestrados del Palacio de Justicia II, fue retirado bajo un riguroso operativo de seguridad. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ), mediante el Acuerdo 478, Serie “A”, autorizó la devastación de 4.200 armas cortas y 3.500 largas, como carabinas, escopetas y rifles.
Sin embargo, no se destruyeron las armas de calibre 9 milímetros, 12.70 y 38 SP, por su posible utilización en fuerzas de seguridad, así como aquellas que presentan características especiales que justifican su conservación. La Secretaría Penal del TSJ definió el protocolo para el inventario, clasificación, traslado y eliminación del material. El procedimiento fue ejecutado por más de 160 efectivos de distintas unidades policiales, incluyendo grupos tácticos como Eter, Seom, CAP, Policía Caminera y hasta efectivos del Ejército Argentino.
A las 17.15 comenzaron a cargarse las cajas con las armas en pallets y, minutos después, un camión con semirremolque de la IV Brigada Aerotransportada arribó al lugar para iniciar el traslado hacia la planta de la empresa Adalmi, en Toledo. El proceso de carga concluyó a las 21, y a las 23 comenzó la fundición del armamento, servicio que la empresa brindó en forma desinteresada. La devastación concluyó en la mañana del sábado 10 de mayo, alrededor de las 9.45, cumpliendo con lo planificado por las autoridades judiciales y de seguridad.
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