Una polémica licitación adjudicada por el PAMI, encabezado por Esteban Leguízamo, generó una ola de denuncias por presuntas irregularidades, sobreprecios y falta de transparencia. Se trata de un contrato por US$450 millones, destinado a la provisión de pañales y apósitos para adultos mayores durante tres años, que fue convalidado el 7 de mayo tras un proceso exprés que habría favorecido a un único oferente.
El convenio contempla la distribución mensual de 17 millones de pañales y apósitos a más de 200.000 afiliados, convirtiéndose en el tercer contrato más importante del organismo después de medicamentos e internaciones. Sin embargo, el proceso licitatorio, iniciado el 14 de abril y cerrado el 25 del mismo mes, solo dejó seis días hábiles para que las empresas prepararan sus propuestas, ya que incluyó Semana Santa, lo que fue cuestionado por oferentes excluidos.
De los cuatro interesados originales, solo uno logró cumplir con los requerimientos, mientras que los otros tres presentaron quejas formales por la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones. La medida también elimina la intermediación tradicional de farmacias y droguerías, estableciendo un esquema de entrega directa a domicilio a través de una empresa logística.
Aunque desde el Gobierno se argumenta que este modelo permitirá un ahorro operativo, el costo mensual del servicio aumentará de $11.000 millones a $13.000 millones, lo que representa un incremento del 20%. Además, el contrato incluye un inusual anticipo del 3% del total, algo atípico en este tipo de convenios públicos, lo que alimenta las sospechas de direccionamiento.
Otro punto crítico es la reducción en la calidad de los productos. El pliego actual exige pañales de solo 50 gramos y cintas más pequeñas, en lugar de los 75 gramos con doble absorción del contrato anterior. “Podría facilitar la importación de productos más livianos, pero impactaría negativamente en la salud de los beneficiarios”, advirtió una fuente vinculada al proceso.
El vocero presidencial y candidato porteño Manuel Adorni convocó una conferencia para dar explicaciones. Afirmó que el nuevo esquema ahorrará $5.000 millones que “antes se robaban”, aunque las denuncias por sobreprecios, calidad y falta de competencia contradicen esta versión. El caso, que se suma a denuncias anteriores por compras directas con hasta 700% de sobreprecio, aumenta la presión sobre la gestión de Leguízamo en el PAMI.
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